La Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas
Madrid,- El Gobierno español expresó este viernes su "preocupación" por la detención e inhabilitación de la precandidata a las elecciones presidenciales de Nicaragua y presidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios.
Igualmente, se mostró preocupado por el "continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes" en ese país centroamericano.
Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo señala que estos "graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales" del próximo 7 de noviembre.
Por ello, considera que estas medidas "deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos".
España se suma así al rechazo expresado el jueves por la Comisión Europea, que pidió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que se libere a Chamorro Barrios, recluida en su casa bajo vigilancia policial por un caso de presunto blanqueo de dinero.
Para la Unión Europea, las acciones judiciales contra Chamorro Barrios son "incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos", dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, en un tuit.
Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), es la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección.
La Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas y al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.
Según el Ministerio de Gobernación nicaragüense, la Fundación Violeta Barrios, una ONG dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero".