El Gobierno mexicano promoverá la protección y defensa del trabajo de personas defensoras del medio ambiente, como parte de las obligaciones del Acuerdo de Escazú, señaló este jueves la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El primer pacto ambiental de América Latina y el Caribe, que ratificaron 12 países y entró en vigor este jueves coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, se apuntó como un acuerdo pionero en el mundo por ser el primero que protege a los activistas ambientales.
En un comunicado, la citada Subsecretaría dijo que, como parte del Estado mexicano, "continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para cumplir con las obligaciones emanadas de dicha herramienta internacional".
Y recordó que dentro de esta se encuentra "la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover el ejercicio de las personas defensoras del medio ambiente".
Así como, añadió, la ejecución de acciones oportunas para prevenir e investigar cuando se trate de alguna violación o amenaza a sus garantías individuales.
Además, el Gobierno mexicano refrendó su compromiso de propiciar "un entorno seguro para la promoción y defensa de los derechos ambientales" y reconoció a las personas defensoras, quienes "contribuyen y fomentan el uso sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, garantizó su trabajo en favor de la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, entre otros.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, fue firmado en la localidad costarricense homónima en 2018 y entró oficialmente en vigencia este jueves.
América Latina es, según la ONG Global Witness, la región más mortífera para los defensores ambientales. Según su registro, esta región acumuló 148 de los 212 asesinatos cometidos en el mundo a estos activistas en 2019.
Colombia lidera el listado, con 66 homicidios, y salvo Filipinas que ocupa el segundo lugar, los primeros puestos los ocupan Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela.
En México, pese a la voluntad del actual Gobierno de suscribirse el Tratado de Escazú, "no ha habido grandes avances en materia de protección de medioambientalistas", denunció María Colín, portavoz de Greenpeace en el país.
Además de Argentina y México, también ratificaron el pacto Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.