Javier Lozano, vocero del gobernador, acusó que se viola el debido proceso.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició este sábado el periodo para el ofrecimiento de pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas —el panista Francisco García Cabeza de Vaca—, en el que las audiencias serán públicas.
En una sesión privada del viernes por la noche, los integrantes de la Sección Instructora determinaron que si hay testigos que quieran ofrecer testimonios del caso, se programarán y se harán como en cualquier audiencia.
Javier Lozano, vocero del gobernador, acusó que se viola el debido proceso, pues la sección no es juez ni el desafuero es un juicio, y que se está haciendo un linchamiento mediático contra García. El proceso, dijo, es una caja china para esconder la elección de Félix Salgado Macedonio.
"El efecto corruptor se hace presente. Violan el debido proceso. La Sección Instructora no es juez ni el desafuero es juicio. A falta de sustancia, linchamiento mediático vs @fgcabezadevaca en la víspera del proceso electoral. Caja china para esconder que #UnVioladorSiSeraGobernador", posteó Lozano.En esta sesión, los diputados también recibieron la respuesta del mandatario sobre las acusaciones en su contra, las cuales, afirmó, son falsas.
Desde este sábado se inició el periodo de recepción de pruebas de 30 días, en el que el inculpado y el requirente, la Fiscalía General de la República (FGR), deberán entregar toda la información de solicitud de procedencia.
El pasado 24 de febrero, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República, solicitó el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca y lo acusó de tres delitos: delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada.
En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
Derivado de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación, en la que pudieron acreditar que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada, la cual no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones.
Pérez Cuéllar
En esa misma sesión, los integrantes de la Sección Instructora revisaron la solicitud de desafuero del senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, se cerró el periodo de pruebas y se dieron por ofrecidas; sin embargo, en este caso, no se abrieron al público.
"Dar por ofrecidas las pruebas, tanto por el requirente como por el inculpado, en el expediente SI/LXIV/DP/01/2020, relativo al requerimiento de declaración de procedencia presentado por la Fiscalía General del estado de Chihuahua en contra del C. Cruz Pérez Cuéllar, senador de la República, teniendo por cumplido el plazo legal para su ofrecimiento y en la inteligencia de que la admisión de cada medio probatorio ofrecido será resuelta por la sección con la debida oportunidad", acordó la sección.
Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de Chihuahua solicitó el desafuero de Pérez Cuéllar para poder ejecutar una orden de aprehensión girada en su contra, puesto que está acusado de formar parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte y de haber recibido 2.5 millones de pesos.