Debido a que 26 ejemplares caninos vivían en condiciones insalubres en un departamento de la Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, de la alcaldía Iztapalapa, se llevó un cateo en donde dos personas fueron detenidas. Lo anterior fue por medio de un operativo coordinado por la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) de la FGJCDMX, en el que participaron también la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (BVA-SSC).
De acuerdo con los primeros reportes, el lugar donde se encontraban los animales era reducido, había acumulación de residuos y carecía de condiciones de higiene, por lo que las autoridades procedieron a retirarlos para posteriormente trasladarlos a una clínica veterinaria donde fueron valorados y reciben atención especializada. Lo anterior se debe a denuncias presentadas por vecinos desde 2018 ante la FGJCDMX, así como en la BVA-SSC y PAOT, las cuales dieron cuenta que en un departamento de la unidad habitacional, una supuesta asociación protectora tenía acumulados más de 20 perros de diversas razas, los cuales presentaban severas lesiones por ser sometidos a diversos actos de maltrato y crueldad animal.
Aunado a esto ocasionaban daño ambiental por la acumulación e inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos y orgánicos de origen animal. El 24 de agosto de 2020, un Juez de Control vinculó a proceso penal a la persona responsable de la supuesta asociación protectora y ordenó el aseguramiento inmediato de los animales para evitar su sustracción.
Como resultado de esta acción coordinada por FEDAPUR, en la que participaron PAOT y BVA-SSC, fueron asegurados 12 ejemplares caninos. Cabe mencionar que una de las personas señaladas como posibles responsables de las condiciones de maltrato en las que se encontraban los ejemplares asegurados y el daño ambiental ocasionado ya cuenta con un proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México iniciado en 2020 por la probable comisión de los mismos delitos.
No obstante, a ambas se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penal.