El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que hay cinco personas protegidas en Estados Unidos que fueron testigos de la masacre de 19 migrantes en México el pasado 22 de enero.
"Hay un proceso de investigación que nosotros mismos hemos apoyado. Hay testigos protegidos que nosotros mismos apoyamos", indicó Giammattei a periodistas tras un acto público en Ciudad de Guatemala.
"No hemos hecho mayor escándalo, pero en un tratado humanitario con el embajador de Estados Unidos (William W. Popp) logramos poner a cinco sobrevivientes en Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada", añadió el médico y cirujano retirado de 64 años, sin dar más detalles al respecto.
Giammattei añadió que han sido "muy respetuosos" con el Gobierno mexicano con respecto a "decirles" que investigar o no y además aseveró que la participación de la policía mexicana "es una teoría que hay que comprobar" pues "no se sabe con certeza" quienes fueron los autores del crimen.
El presidente sí indicó, sin embargo, que prefería que el caso fuera investigado "en la órbita federal" y no en la "estatal" de la justicia mexicana.
La masacre fue divulgada por las autoridades el pasado 22 de enero cuando hallaron dos camionetas calcinadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas y con el estado mexicano de Nuevo León.
De los 19 cadáveres, al menos 16 eran migrantes guatemaltecos que buscaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, tras partir, la mayoría de ellos, del departamento de San Marcos (oeste).
Una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre los dos vehículos que se encontraban abandonados e incendiados en un camino vecinal de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos quemados.
El estado de Tamulipas, frontera con Estados Unidos, es un paso frecuente para los migrantes que entran a México con la intención de llegar a la frontera norte.
Las autoridades mexicanas que investigan los hechos vinculan la matanza con la disputa que las organizaciones criminales denominadas Cártel del Noreste (CDN) y Cártel del Golfo (CDG) mantienen por el control de los estados del noreste de México desde marzo de 2010, conflicto que ha dejado más de 15.000 desaparecidos y miles de muertes.
Por el crimen, adjudicado a cárteles de la droga, están detenidos doce agentes de la Policía del Estado y la Justicia investiga ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta participación.
El pasado 22 de febrero el INM ofreció cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos de los migrantes guatemaltecos, cuya fecha de retorno aún no ha sido establecida.