VOLVER AL PASADO
En plena semana de apagones ocasionados por faltas en el suministro de gas desde Texas y las bajas temperaturas, fue aprobada en la Comisión de Energía, con cambios menores, la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador que busca modificar la Ley de la Industria Eléctrica.
Como era de esperarse, con este aval se encendieron las alarmas en la oposición, que poco se ciñe al argumento presidencial sobre lo prioritario que le resulta fortalecer a las empresas del estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En sí, la iniciativa busca favorecer a la CFE en la producción de energía eléctrica a base de combustibles fósiles; el problema es que relega a márgenes preocupantes a los particulares.
Tal contrarreforma eléctrica reposiciona a la CFE en el control del sector eléctrico, sustituyendo el orden de despacho de fluido eléctrico a la red que hoy empieza con la electricidad más barata, por uno que daría prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas y otras plantas de la compañía estatal, considerando al final a la energía eólica o solar y la de plantas de ciclo combinado de las empresas privadas.
En pocas palabras, la prioridad será la Comisión Federal de Electricidad, lo cual en teoría podría no sonar tan malo, pero que en realidad supone un apego a la generación de energía con formas ya consideradas arcaicas en otras partes más desarrolladas del mundo y con límites a todo aquello que parezca “no rentable” para el gobierno federal.
En pocas palabras, tal como muchas voces han señalado, supone una expropiación indirecta.
Con este marco, se da además un nuevo freno a las inversiones privadas en el país que, aunque pareciera no preocupar demasiado a López Obrador, son también una base necesaria para el desarrollo mexicano. El estado no puede ni debe estar solo.
Y por si fuera poco, la iniciativa no sólo abre otro frente de su administración contra la iniciativa privada mexicana, sino que vuelve a tensar las relaciones con sectores de Estados Unidos por posibles violaciones al T-MEC.
Voces opositoras acusan que la propuesta busca impedir arbitrariamente la competencia en el sector eléctrico nacional, lo cual viola los derechos básicos, teniendo como resultado un aumento del precio de todos los productos y servicios en el país, derivado de una electricidad más cara y contaminante.
López Obrador, ante esto, ha defendido a capa y espada la reivindicación de las empresas estatales y ha prometido que no habrá aumentos, pero también había prometido que no reformaría el marco jurídico del sector energético en los primeros tres años de su sexenio y aquí están los resultados.
La iniciativa está ahora en manos legislativas, cuyo veredicto debe darse oportunamente por ser de carácter preferente. Esperemos que el Congreso sepa ver más allá de tonos partidistas y considere a los sectores que podrían verse afectados. Si bien, en algunos temas la 4T es visionaria, en otros como el aquí expuesto, pareciera que se quiere volver al pasado.
¿Usted qué opina?
Macroeditor Web
@afchavezfelix