La ASF advirtió que la desorganización en la estrategia contra la violencia de género se ha registrado durante 12 años.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseveró que durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres estuvo fragmentada y desarticulada, por lo que no se pudo disminuir este problema.
En su tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la ASF advirtió que la desorganización en la estrategia contra la violencia de género se ha registrado durante 12 años y estimó que, si esto no se corrige, para 2030 los feminicidios tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9%.
Para ejemplificar esta dispersión de los esfuerzos, la auditoría señaló que durante el primer año de este sexenio nueve dependencias federales ofrecieron 10 millones 754 mil 918 servicios a mujeres en situación de violencia; no obstante, estas acciones estuvieron descoordinadas.
"Dicha atención fue fragmentada y situacional, así como sin parámetros definidos a fin de determinar su efectividad para rehabilitar a la mujer, sus hijas e hijos, a los agresores para incorporarlos a la vida social y evitar la reincidencia de este tipo de actos, mediante la reeducación y el cambio cultural que permitiera atacar de raíz el problema", señaló.
De igual forma el órgano auditor detectó que en 2019 el gobierno federal no tuvo un mecanismo confiable para medir el nivel de violencia en la sociedad, ni tampoco para conocer el número real de mujeres vulneradas.
La ASF hizo estos señalamientos luego de realizar una evaluación de las políticas públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Entre otros temas, el órgano cuestionó que el gobierno tampoco tuvo en su primer año de sexenio un documento rector en materia de violencia de género.
"A 2019, la Comisión de Atención no integró un documento rector que estableciera la coordinación interinstitucional y las medidas de vinculación y canalización de las mujeres en situación de violencia, de seguimiento a las mujeres atendidas, de reeducación a sus agresores, de supervisión de los servicios, ni observancia por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de evitar la revictimización de las mujeres en esta situación, sus hijas e hijos".
Entre 2016 y 2019 los feminicidios registraron un incremento anual, en promedio, de 14.2%. A pesar de eso, la ASF detectó fallas en el sistema de procuración de justicia.
Para finalizar, la ASF hizo un total de 43 sugerencias al gobierno federal, entre las que destacó la necesidad de implementar una política nacional consensuada contra la violencia de género; basar las acciones en un diagnóstico actualizado del problema y tener un mecanismo de seguimiento de resultados.