"Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada"
San José,- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfrentará el miércoles una audiencia en el Congreso por un caso de supuesta violación de datos personales de la ciudadanía, en medio de una polémica por la forma en que se llevará a cabo, que el Gobierno considera un irrespeto a la Constitución Política.
Alvarado ha calificado la audiencia como "un grave precedente", y aunque al principio se mostró reacio a asistir, finalmente el pasado viernes confirmó su presencia aunque advirtiendo que puede tratarse de un procedimiento inconstitucional.
"Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada", expresó el viernes el mandatario.
La Constitución Política no establece un mecanismo para que el presidente sea interpelado por el Congreso, pero las comisiones legislativas, que suelen estar integradas por 7 diputados, sí pueden citar a audiencia al mandatario por algún asunto en específico.
La polémica surgió luego de que el Plenario, ante el rechazo de la fracción oficialista, decidiera que la Comisión Investigadora del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) realice la audiencia en el salón del Plenario y no en la sala en la que usualmente lleva a cabo sus sesiones.
Además, el Plenario aprobó la suspensión de todas las demás actividades en el Congreso con el fin de que el diputado que quiera asista a la audiencia.
Este martes, el Congreso determinó las reglas de la audiencia que indican que el presidente tendrá 30 minutos para exponer su posición y luego los diputados de la Comisión realizarán un interrogatorio, con un plazo de 15 minutos por legislador.
Posteriormente, se harán más rondas de preguntas en las que podrán tomar la palabra el resto de diputados que no pertenecen a la Comisión.
Esta es la segunda vez en que un presidente es citado a declarar por una Comisión Legislativa, pero es la primera en la que la sesión se llevará acabo en el Congreso.
El precedente anterior ocurrió el 4 de septiembre de 2017, cuando el entonces presidente Luis Guillermo Solís, compareció ante una comisión legislativa que investigaba un caso de supuesta corrupción en el otorgamiento de créditos de la banca estatal para un empresario que importaba cemento chino.
Sin embargo, esa audiencia se realizó en la Casa Presidencial como una cortesía de los legisladores a la investidura del presidente.
Carlos Alvarado intentó algo similar, pero el Congreso rechazó el pedido de llevar a cabo la sesión en la Casa Presidencial.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero de 2020 cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas que se centraban en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: "Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos" incluida "la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas".
El presidente Alvarado siempre ha dicho que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en la Casa Presidencial y reconoció "torpeza política" y errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Diputados de oposición han llegado a decir que con esa unidad el Gobierno pretendía espiar a los ciudadanos.