Medio centenar de familiares y amigos de líderes sociales asesinados, víctimas de masacres y personas desaparecidas se congregaron este viernes frente a la sede de la Fiscalía en Cali, en el suroeste colombiano, para pedir justicia ante la impunidad en la que siguen los crímenes de sus seres queridos.
La protesta se produce un año después del asesinato de Iván Giraldo y Jhonatan Borja, dos líderes sociales que denunciaron la corrupción del Gobierno local de Candelaria, un municipio del Valle del Cauca, al este de Cali.
"Ellos eran los que más le estaban molestando a la Alcaldía de Candelaria, a todos los políticos corruptos", explicó a Efe durante la protesta el hermano de Iván, Diego Juan Giraldo.
Las autoridades detuvieron a uno de los sicarios que supuestamente perpetraron el asesinato, pero aún se desconoce quién fue el autor intelectual del crimen.
"La investigación no avanza, y nosotros queremos saber quién dio la orden de asesinar a Jhonatan Borja y a Iván Giraldo", justificó el senador del izquierdista Polo Democrático Alexánder López, presente durante la concentración.
Justamente el lema más esgrimido por los familiares fue "¿quién dio la orden?", ya que piden más y mejores investigaciones que traigan justicia a sus seres queridos.
Con pancartas con las caras de los asesinados y desaparecidos, carteles de "Prohibido olvidar" y "exigimos justicia y verdad" e incluso tapabocas donde se lee "¿quién se los llevó?", las familias pidieron justicia y pintaron siluetas en el suelo que se asemejan a las trazadas por la Policía en una escena del crimen.
A la protesta también han acudido familiares y amigos de los cinco jóvenes afrodescendientes de entre 13 y 16 años asesinados en el barrio de Llano Verde, en Cali, el pasado 11 de agosto.
Tres personas fueron detenidas por esa matanza, pero según el senador, no se sabe aún quién dio la orden de matar a los cinco menores, que entraron en una plantación de caña con la intención de comer un poco.
También estuvieron presentes padres, madres y hermanos de personas desaparecidas en el suroeste colombiano, cuyos cuerpos, incluso una década después, siguen sin aparecer.
María Elena Gallego reclama a su hija, Viviana Cuéllar, que desapareció el 12 de febrero de 2011, cuando se dirigía a la Universidad Nacional del municipio vecino de Palmira para dar unas clases con el profesor que le dirigió su tesis en Ingeniería Ambiental.
"Ya van diez años desaparecida mi hija y ahora mismo no sé si existe o no en algún lugar de este mundo. Esa es la incertidumbre más grande, es el dolor que llevamos", explicó a Efe la madre, quien asegura que en estos años ni la Policía ni la Fiscalía han sido capaces de decirle quién se la llevó.
"La poca vida que me queda se me está yendo con esta incertidumbre tan grande que siento", lamentó la mujer.
El comienzo de 2021 ha sido el más violento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz de 2016, con una masacre cada cuatro días y catorce líderes sociales asesinados, según reveló esta semana la plataforma de monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, un total de 310 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2020 según el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
"Toda una tragedia que se vive en el suroccidente colombiano y en el país, toda una guerra, todo un escenario de violencia, de confrontación que no ha dejado sino víctimas y dolor", denunció hoy el senador López.