César Horacio Duarte Jáquez, acusado de malversación agravada y conspiración en México, compareció hoy en Miami para su audiencia final con fines de extradición, que concluyó sin sentencia.
La jueza Lauren F. Louis determinó que revisará evidencia antes de dictar sentencia.
Horas antes de la audiencia, la Defensa del exgobernador de Chihuahua presentó una serie de audios en los que uno de los testigos clave, el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, revelaba que había sido obligado a mentir en contra de personas “que no cometieron delitos”.
Durante la audiencia, el abogado defensor de Duarte, Juan Morillo, aseguró que esto prueba que los testigos fueron coercionados y por tanto sus testimonios deben ser desestimados.
Insistió en que Duarte es víctima de “persecución política” por parte del gobierno de Javier Corral y que no hay “causa probable” para que Estados Unidos extradite a su cliente. Duarte, aseguró Morillo, es víctima de una “venganza” por parte de Corral.
El fiscal, Jason Wu, insistió en que sí existe y que no se puede extrapolar, en caso de que la grabación fuera verdadera, que todos los testigos fueron obligados a declarar contra Duarte, cuyos delitos, consideró, están más que probados.
“Duarte fue quien ordenó desviar millones de pesos del fondo de emergencia”, y fueron utilizados para fines personales, incluyendo el pago de tarjetas de crédito, aseveró Wu.
La juez dijo que por el momento no puede considerar, como alega la Defensa, que los testigos hayan sido coercionados y que por tanto aplique la “recantación”; esto es, que los testigos se desdigan de sus dichos. Sin embargo, decidió revisar la información para analizarla y no dictó sentencia. Tampoco dio fecha para hacerlo.
Duarte tenía programado comparecer el 14 de enero, pero la audiencia se suspendió.
El exgobernador fue detenido el 8 de julio de 2020. En México, donde era buscado desde al menos 2018, enfrenta una veintena de órdenes de aprehensión ligadas a un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos de las arcas del estado que gobernaba por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En mayo de 2019, el PRI expulsó de sus filas a Duarte.
El exgobernador alega que llegó a Estados Unidos en 2016 en busca de atención médica tras un accidente en helicóptero y que desconocía en ese momento que enfrentaba acusaciones en su país. Desde 2017, convirtió a Miami en su sitio de residencia.
Estados Unidos recibió la solicitud de extradición en diciembre de 2019. Duarte pidió libertad bajo fianza, pero se le negó.
Su defensa alegó después que la solicitud de extradición a México no tenía validez porque los delitos habrían prescrito. Los procesos se han ido retrasando debido a la pandemia de coronavirus.