La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Gobierno mexicano, lanzó este martes un programa que busca fortalecer la protección a la biodiversidad del país la cual representa el 12% mundial.
“México ocupa el quinto lugar de 17 países considerados mega diversos, con más del 10% de la biodiversidad mundial, lo cual lo hace un país atractivo para las organizaciones criminales que comercializan con especies”, dijo en conferencia virtual el representante de la UNODC en México, Kristian Hölge.
Es el primer proyecto de Naciones Unidas en México que busca fortalecer las metodologías y herramientas legales de las autoridades mexicanas en materia de delitos como el tráfico de especies, la tala ilegal y destrucción de medio ambiente.
"El objetivo principal de este proyecto de cooperación internacional tiene como misión minimizar el impacto de la delincuencia organizada tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa", detalló el Blanca Mendoza, procuradora Federal de Protección al Ambiente.
La directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mireya Valverde, destacó que "es importante detectar las cuentas sospechosas de participar en estos delitos para poder trazar una línea de investigación".
Además, Valverde mencionó que en el país mexicanos existen "173 reportes de operaciones inusuales relacionadas a 219 sujetos que posiblemente estén vinculados a estos delitos".
Por su parte, el encargado de la subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales (FGR), Miguel Ángel Mendoza, aclaró que el "tráfico ilegal de especies también contribuye a la propagación de virus al no trasladarlos con los protocolos adecuados siendo posible causa de futuras pandemias".
La Unodc tiene como visión para este proyecto, según lo destacan en su página oficial, que "sea un sistema nacional de justicia fortalecido y coordinado para la detección, investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre, los bosques y lo relacionado con la pesca".
El programa cuenta con la participación de la Fiscalía General de la República (RGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia.