El Gobierno neerlandés se debate entre la vida y la muerte por un escándalo de discriminación racial en las aprobación de ayudas a 26,000 padres para el cuidado de sus hijos. A dos meses de las elecciones generales y en plena pandemia, el Ejecutivo del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, decidirá el día 15 si dimite para asumir responsabilidades.
Es el mayor escándalo político y administrativo de Países Bajos, según los comentaristas. Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude de la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver a Hacienda cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100,000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa, su trabajo o a endeudarse por ello.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar misivas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y les acusaron de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que principalmente familias con origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores –también periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas- lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.