España y Reino Unido deben lograr un acuerdo sobre Gibraltar antes del 31 de diciembre para evitar un "brexit duro" en la frontera que obligaría a establecer el control de mercancías y personas, salvo para los trabajadores transfronterizos que se hayan registrado como tales y que contarán con un documento específico que les permitirá moverse con libertad.
Todos los demás, deberán cumplir con los requisitos de cualquier frontera exterior de la Unión Europea (UE), según explicó en rueda de prensa la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya.
González Laya subrayó que el acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre el Reino Unido y la UE “no se aplica a Gibraltar” por lo que es necesario alcanzar un “acuerdo separado que está negociando España con Reino Unido y que no está concluido”.
“Si hay un principio de acuerdo, podríamos modular la movilidad en la frontera con Gibraltar, y si no hay principio de acuerdo es frontera exterior de la UE con un país tercero y la modulación es imposible”, dijo la ministra, quien advirtió que “no hay plan B, no puede haber plan B”.
Si no hubiera acuerdo antes del 31 de diciembre, España deberá controlar la frontera con Gibraltar con "observancia escrupulosa" de todas las normas de la UE sobre fronteras exteriores, por lo que todos los ciudadanos que quieran atravesarla necesitarán un visado de pasaportes "como ocurre con cualquier país tercero".
Ser "país tercero" significa que los ciudadanos de Gibraltar dejarían de tener acceso a la Seguridad Social española, quedarían fuera del espacio aéreo europeo, necesitarían un reconocimiento específico del carnet de conducir y del seguro de sus vehículos, etcétera, detalló la ministra española de Exteriores. "No estamos inventando nada nuevo, es lo que ocurre con un país tercero", apuntó.
Además, será preciso establecer controles policiales, fitosanitarios y de seguridad en las mercancías de los más de 200 camiones que cada día cruzan entre Gibraltar y España, que suponen "más controles, tiempos de espera, colas y costes".
Por contra, España busca un acuerdo que permita "simplificar al máximo los procedimientos de movilidad".
Para lograrlo, se seguirá negociando hasta el último minuto del 2020. Por España no va a ser", aseguró González Laya, para quien "no basta con que España quiera, el Reino Unido debe desearlo en los términos pactados".
Según la ministra española, todas las medidas técnicas ya han sido detalladas, "ahora falta la voluntad política".
Estas negociaciones están presididas por la existencia de "un gran desacuerdo" entre España y el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar, una "pretensión irrenunciable de España" que no obstante considera que pueden resolverse favorablemente "sin renunciar a nuestra pretensiones relativas a la soberanía: podemos acordar estar en desacuerdo sobre soberanía, sin que sea un obstáculo para facilitar la movilidad en la zona", dijo González Laya en la rueda de prensa.
Por la frontera entre España y Gibraltar cruzan diariamente unos 15.000 trabajadores y 200 camiones, y para los municipios españoles limítrofes con la colonia británica, la relación económica supone la cuarta parte de su producto interior bruto y aporta unos 120 millones de euros al año.