El Gobierno portugués anunció hoy que indemnizará a la familia del ucraniano Ihor Homeniuk, muerto el pasado 12 de marzo mientras estaba retenido por tres inspectores del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) que se enfrentan ahora a un juicio por homicidio.
Nueve meses después del suceso, y bajo fuertes críticas al ministro de Administración Interna -equivalente a Interior-, del que depende el SEF, el Gobierno portugués afirma en un comunicado que "asume la responsabilidad por el pago de una indemnización a la viuda y a los hijos menores" de Homeniuk.
La decisión ha sido tomada hoy en Consejo de Ministros y posteriormente explicada en rueda de prensa por el titular de Administración Interna, Eduardo Cabrita, quien ha precisado que la cuantía será determinada por la Defensoría del Pueblo.
La cifra servirá para responder al "número indeterminado de puñetazos y patadas en el cuerpo" que, según el relato de la Fiscalía, los tres inspectores del SEF propinaron a Homeniuk en una sala del aeropuerto de Lisboa, donde tras la paliza fue abandonado "esposado y con los pies atados".
Horas después, como no reaccionaba, los inspectores llamaron a los servicios médicos, que certificaron su muerte.
En palabras del ministro, lo sucedido "es inaceptable y está en contradicción con los patrones de respeto que Portugal adopta", al tiempo que insistió en que él fue "el primero en actuar" tras la muerte de Homeniuk.
"Bienvenidos al combate por la defensa de los derechos humanos", agregó Cabrita en una intervención que incluyó velados ataques a la prensa, a la que recordó que se ha pronunciado varias veces sobre la muerte de Homeniuk y siempre en términos condenatorios.
La intervención del ministro se produce al día siguiente de que dimitiera la responsable del SEF, Cristina Isabel Gatoes, mientras que la entidad será sometida a una reestructuración.
Sin embargo, estos anuncios no han aplacado la polémica en Portugal, donde ha impactado especialmente el testimonio en las últimas horas de la viuda del ciudadano ucraniano, quien ha dicho que tuvo que afrontar sin ayuda los gastos de repatriación y que, ningún miembro del Gobierno portugués se ha puesto hasta ahora en contacto con ella.
Hoy se ha referido al asunto por primera vez el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha destacado que lo importante es saber si la muerte de este ciudadano es "un caso aislado o si es un problema de todo el sistema".
"Si fuese todo el sistema, es necesario sustituirlo por otro", añadió Rebelo de Sousa, quien se mostró cauteloso en pronunciarse con mayor profundidad antes de que la Justicia emita veredicto sobre este caso, cuyo juicio se abrirá a comienzos de 2021.