El gobierno de México pretende acotar la actuación de los agentes de la DEA en este país, medida que no es bien vista por Estados Unidos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de entregar otra “papa caliente” al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con una propuesta que restringiría a los agentes estadounidenses en México y eliminaría su inmunidad diplomática. La propuesta presentada silenciosamente esta semana por López Obrador requerirá que los operadores de la agencia antidrogas DEA entreguen al gobierno mexicano toda la información que recopilen, y exigirá a que todo funcionario mexicano que sea contactado por los agentes presente un informe completo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La propuesta es que los agentes extranjeros no tengan inmunidad alguna, destaca la propuesta del presidente al Senado, publicada el viernes. En la mayoría de los países, el agente principal de la DEA en el país a menudo tiene inmunidad diplomática total y otros activos tienen alguna forma de inmunidad técnica o limitada. “Eso no va a suceder”, asegura Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, sobre la entrega de toda la información.
“Lamentablemente, existe una corrupción endémica dentro del gobierno (mexicano). Se va a filtrar, comprometerá a los agentes, comprometerá a los informantes”, dijo Vigil.
El historial de filtraciones está bien documentado. En 2017, el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana que recibió información de la DEA fue acusado de pasar datos de la agencia estadounidense al cártel de Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.
El plan “va obstaculizar las operaciones bilaterales, va a obstaculizar el intercambio bilateral de información. Esto va a ser mucho más perjudicial para México que para Estados Unidos”, de acuerdo con Vigil.
“El 90% del intercambio de información va de la DEA a México, en lugar de México a Estados Unidos. La gran mayoría de los éxitos antidrogas en México provienen de información de la DEA”, dijo.
La propuesta parece reflejar la ira de México por el arresto del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Los Ángeles en octubre.
Bajo la presión de las amenazas implícitas de México de restringir o expulsar a los agentes estadounidenses, los fiscales en Estados Unidos retiraron el caso para que Cienfuegos pudiera ser devuelto a México e investigado bajo la ley mexicana, aunque hasta ahora no ha sido acusado.