Se realizan acciones concretas como 15 mil 500 operativos y revisiones permanentes para localizar objetos y sustancias prohibidas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México acepto la Recomendación 03/2020, emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, sobre muertes por violencia en Centros Penitenciarios.
Expuso que para prevenir y evitar incidentes violentos al interior de los reclusorios, en los que estén involucradas personas privadas de la libertad, desde el inicio de esta administración se realizan acciones concretas como 15 mil 500 operativos y revisiones permanentes para localizar objetos y sustancias prohibidas, donde se han decomisado alrededor de mil 500 puntas, 500 navajas y 3 mil 700 artículos, como vidrios, palos, alambre, trozos de lámina, entre otros objetos.
También se han se han realizado traslados de personas que pueden representar algún tipo de riesgo institucional, incluso en 2019 fueron trasladadas 295 personas privadas de su libertad a centros federales.
A efecto de velar por los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, cada año mil 650 elementos de seguridad son capacitados en esta materia; además, en el último año se contrataron 150 servidores públicos de nuevo ingreso para el área de seguridad y custodia, quienes antes de integrarse plenamente a sus labores, acreditaron un curso de inducción.
El organismo a cargo de la Secretaría de Gobierno indicó que en 2019 se realizaron diversos talleres con personas privadas de la libertad para fomentar el desarrollo de habilidades sociales, así como mejorar las interrelaciones personales al interior de los centros penitenciarios en los que participan alrededor de cinco mil 500 personas reclusas de todos los centros de la Ciudad.
También se promueve la práctica de actividades deportivas, culturales y recreativas en las cuales participa el 50% de la población penitenciaria.
Además, el Instituto de Capacitación Penitenciaria organiza alrededor de 300 cursos y talleres anuales, a los que asisten cerca de 4 mil servidores públicos, que tratan directamente con personas privadas de la libertad.