La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) advirtió este jueves de que han aumentado las actividades fraudulentas relacionadas con proyectos medioambientales en la UE, cuyo Ejecutivo, la Comisión Europea, ha hecho de la transición ecológica uno de sus principales objetivos políticos.
La OLAF, que investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la UE, ya sea corrupción, contrabando, malversación o blanqueo de dinero, entre otros, recogió este aumento en su informe anual, que analiza las tendencias registradas en 2019.
Así, durante el año pasado, esta oficina comunitaria concluyó 181 investigaciones (167 en 2018) y recomendó a las autoridades de la UE o a los Estados miembros recuperar un total de 485 millones de euros (371 millones un año antes) para el presupuesto comunitario.
Se trata de dinero que no llegó a las arcas europeas por el fraude, o que no será desembolsado tras detectar irregularidades en los proyectos receptores.
De las 456 investigaciones que permanecían abiertas al final de 2019, la mayoría estaban relacionadas con los fondos estructurales (88), mientras que 74 se referían al personal de la Unión, 57 a las aduanas, 47 a la ayuda exterior y 42 a los fondos agrícolas.
Los Estados miembros detectaron 45.737 irregularidades en el uso de fondos estructurales y agrícolas --ya fuese por fraude u otros motivos-- entre 2015 y 2019, de los que 11.029 correspondieron a casos remitidos por España.