Más de 12,000 denuncias por violencia familiar se reportaron en Paraguay durante el primer semestre de 2020, con un aumento de registros a partir de marzo como causa de las medidas de aislamiento social establecidas ante la aparición de la COVID-19, informó este viernes la Fiscalía.
Una conclusión de trabajo de la Oficina de Género señala que en marzo, inicio de la cuarentena, ascendieron los registros diarios de 61 a 72 casos, y que este hecho "en parte es resultado de la dinámica del aislamiento social".
El informe advierte que el confinamiento "pone en una situación más vulnerable a las víctimas frente al agresor" al aumentar la tensión y el estrés por la preocupación por otros factores como la seguridad, la salud y el dinero.
Refiere que "las redes de apoyo pueden verse interrumpidas lo que puede generar dificultades para animarse a denunciar y la víctima también se enfrenta a sus propias limitaciones económicas".
Y resalta que "mientras a la víctima se le dificulta acceder a recursos de ayuda por las restricciones de movilidad, comunicación y la dependencia, la prioridad de los estados es la pandemia", por lo que advierte que esta situación puede derivar en niveles extremos de abuso como feminicidios y homicidios.
Por el ello, la oficina especializada del Ministerio Público está enfocando la campaña de concienciación "Aislamiento sin Violencia familiar" con el objetivo de instar a las víctimas, el entorno o testigos de hechos de violencia a denunciar los maltratos.
La iniciativa abarca más allá y hace hincapié no solo en casos de violencia de género sino también en maltrato de niños y niñas, de abuso sexual infantil o en personas indefensas y vulnerables.
En el caso de mujeres con parejas violentas, el aislamiento "es una situación perfecta" que puede ser aprovechado por el agresor para "ejercer un comportamiento controlador, dominante en casa mientras a la Víctima se le dificulta acceder a recursos de ayuda", recalca el informe.
Sin embargo, destaca que las redes sociales son una herramienta importante como una forma "allanar obstáculos" para el acceso a la justicia y que a través de este mecanismo la unidad especializada de la Fiscalía ha tomado intervención.