Tan sólo en Jalisco se afectarían a 16 proyectos que representan para el estado una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares y la pérdida de 30 mil empleos en Jalisco.
El gobierno del estado de Jalisco interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener), el cual frena las energías renovables.
El acuerdo contiene medidas que son un retroceso para el país —desde el punto de vista climático, energético y de salud pública—, con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales, dijo el gobernador Enrique Alfaro.
"Jalisco asume con seriedad nuestro compromiso para enfrentar el reto global del cambio climático", determinó el mandatario.
Asimismo, señaló Alfaro, la controversia es para que el máximo Tribunal de justicia del país invalide el acuerdo emitido por la Sener, mediante el cual se imponen restricciones al desarrollo de nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión.
Alfaro Ramírez, quien coordina la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) e integra la Alianza Mexicana de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, detalló que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicho acuerdo, por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, el cual, argumentó, afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
"En concreto, afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente establecida en el artículo 73 de la Constitución", agregó.
Y específico que también daña las atribuciones relacionadas con la planeación y dirección económica como una facultad originaria derivada de los artículos 39, 40, y 41 de la Carta Magna.
Razón por la cual, Alfaro comentó las afectaciones que generaría el acuerdo de la Secretaría de Energía a nivel nacional.
En el ámbito climático esta política de confiabilidad se contrapone con la agenda climática y los compromisos globales adquiridos por México, por sus gobiernos subnacionales y por los particulares en el marco del Acuerdo de París y la agenda 2030, dijo. Se tendrían fuertes repercusiones en el medio ambiente y en la salud de las y los mexicanos. El aspecto económico, las directrices de la política energética del gobierno federal trasgreden el principio constitucional de libre competencia bajo el cual debe de operar el sistema eléctrico nacional respecto a la generación y comercialización de energía, al limitar el acceso y desarrollo al mercado de las energías renovables.
Esto, afirmó, podría implicar a nuestro país una afectación de 6 mil 400 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. Tan sólo en Jalisco se afectarían a 16 proyectos que representan para el estado una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares y la pérdida de 30 mil empleos en Jalisco.