Actualmente García Luna enfrenta un procesado penal ante una corte en Nueva York, y aunque se declaró inocente de los cargos en su contra, los fiscales de ese país le han ofrecido un acuerdoVANGUARDIA / EL TIEMPO
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá mantener congeladas las cuentas bancarias e inversiones de personas y empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, luego de que un juez federal les negó la suspensión provisional contra esa medida cautelar.
A través de las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal se dieron a conocer las e soluciones judiciales en las que se notifica a la hermana del ex funcionario Esperanza García Luna, así como a los representantes de la empresa ICIT Private Security México, y a Jonathan Alexis Weinsberg Pinto, que la justicia federal no les otorga el beneficio de que seguir manejando sus cuentas bancarias.
Lo anterior en respuesta a tres juicios de amparo promovidos contra el congelamiento de sus cuentas, que realizó la UIFG como consecuencia y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer queq el ex titular de la SSP durante el gobierno de Felipe Calderó fue detenido por haber recibido sobornos de integrantes del crimen organizado.
En territorio nacional la FGR inició una indagatoria paralela a la estadounidense por la presunta comisión de delitos por parte de García Luna, y se ordenó el congelamiento de cuentas a persona cercanas al ex secretario porque presuntamente se ha descubierto que diversas dependencias habrían desviado recursos públicos y realizaron contratos de bienes y servicios de manera ilegal cuando Genaro García Luna se desempeñó como alto funcionario público.
Actualmente García Luna enfrenta un procesado penal ante una corte en Nueva York, y aunque se declaró inocente de los cargos en su contra, los fiscales de ese país le han ofrecido un acuerdo con el que reconocería su responsabilidad en algún ilícito y ello le permitiría reducir la condena que pudiera dictarse en su contra.