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Pide al Gobierno Federal, intervenir y dar marcha atrás a los nombramientos realizados por los actuales Gobernadores de QRoo, Chihuahua y Veracruz
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VANGUARDIA / EL TIEMPO
MÉXICO.- Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, exigió al gobierno federal y al PRI, tomar medidas para frenar los nombramientos que dan impunidad a los actos de corrupción cometidos por los gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, y acusó que ni cuando el PRI perdió la Presidencia cometió actos de tal cinismo e impunidad.
Sostuvo que las peores medidas de impunidad son cometidas por el gobernador Roberto Borge, que ha tomado en los últimos días determinaciones legislativas para ocultar actos de corrupción de su gobierno, como el nombramiento del Auditor o la reforma que lo dota de escoltas por los próximos 15 años sin importan donde radiquen él, y su familia.
"Todos sabemos que en la cultura priista los gobernadores no se mandan solos, son disciplinados a lo que dicen el Gobierno Federal y el PRI", reclamó en conferencia, acompañado por el Gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín.
El panista dijo que se analizan recursos de inconstitucionalidad y amparos, para buscar anular los nombramientos y procesos legislativos y se realizarán conjuntamente con el PRD, que abanderó la alianza que llevó a Carlos Joaquín a la gubernatura.
"Vamos a utilizar todas las medidas jurídicas políticas y democráticas para echar abajo estas medidas".
Dijo que no buscarán a los dirigentes de ese partido para solicitar su intervención porque han decidido no hacerlo en privado, sino a través de la denuncia pública, y pidió a la presidenta interina del PRI, Carolina Monroy, pasar solo de los dichos a medidas para evitar los actos de impunidad de Borge.
El mandatario electo a su vez, acusó que dichos mecanismos buscan tapar y oscurecer la transparencia en el estado; advirtió que no van a permitirlo, y agregó que "existen muy buenas posibilidades de revertir estas medidas".
Alertó además que podría haber más medidas para cubrir actos de corrupción con el nombramiento de magistrados del Tribunal de lo Contencioso que serían responsables de sancionar e inhabilitar funcionarios que cometan delitos.