Legisladores del PRD y PAN respondieron que se modificará la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, en esa materiaAGENCIAS/EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, insistió ante senadores de la Comisión de Justicia en la urgencia de que se apruebe la reforma constitucional en materia de seguridad pública, que establece el mando único policiaco.
Durante un encuentro privado, senadores del PRD y PAN respondieron que se modificará la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, en esa materia, a fin de que se mantengan las policías municipales.
En la reunión, en San Juan del Río, Querétaro, se analizaron las demás iniciativas pendientes de la agenda sobre seguridad y justicia. La perredista Dolores Padierna advirtió que otra legislación importante, la nueva ley sobre tortura, está atorada porque no consideran explícitamente al Ejército y la Marina dentro de los que cometen esta práctica aberrante.
De acuerdo con versiones de legisladores asistentes, la procuradora Gómez advirtió asimismo sobre la urgencia aprobar la ley federal contra la delincuencia organizada y no esperar a una ley general, ya que ésta se llevaría más tiempo. Explicó que la urgencia radica no sólo en que es el principal problema a resolver, sino también que ya entrará el nuevo sistema penal acusatorio y esta ley debe empatarse en tiempos y objetivos.
Respecto del mando único Padierna resaltó que se deben rediseñar los esquemas de supervisión, de control de confianza, de evaluación y de permanencia de las policías, sin desaparecer a las corporaciones municipales.
La titular de la PGR resaltó que se está trabajando en la depuración de la cifras para saber cuántas personas hay desaparecidas en el país y les dijo que se creó un área, donde se concentrarán todas las denuncias por tortura, ya que encontraron algunas que estaban duplicadas o triplicadas y se aplicará el Protocolo de Estambul.
Padierna resaltó que la propuesta de ley contra la tortura no prevé acciones de fondo para erradicar ese delito, para cambiar las prácticas tan enraizadas que rayan en la violación sistemática de derechos humanos.
Reconoció que la ley de desaparición forzada tiene aspectos positivos, entre ellos incorporación de dos figuras de conductas delictivas: la cometida por agentes del Estado y por parte de particulares.
Explicó que el sistema nacional de búsqueda de personas, las unidades especializadas de investigación y el fortalecimiento del registro nacional de personas desaparecidas son propuestas positivas, que tienen consenso en la Comisión de Justicia, aunque faltaba la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y de las familias de las víctimas, temas que atiende la senadora Angélica de la Peña.
Por lo que se re refiere a la Ley de Extinción de Dominio, los legisladores informaron a la procuradora que, dado que primero se requiere una reforma al artículo 22 constitucional no será posible dictaminarla en este periodo.
Los legisladores resaltaron que se requiere acelerar los trabajos para modificar la ley de víctimas, ya que tiene deficiencias que impiden atender a quienes han sufrido ataques del crimen organizado o violaciones a sus derechos humanos por alguna autoridad.